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El 28 de junio fue lanzado en la Asamblea de la República de Portugal el libro “Esperanza democrática: 30 años de presupuesto participativo en el mundo”, que cuenta con 33 artículos escritos por 62 autores de todo el planeta. El libro fue editado por Nelson Dias, consultor del Banco Mundial para la implementación de ejercicios de presupuesto participativo en diferentes ciudades y regiones de Mozambique, México y Portugal, al igual que coordinador del proceso de presupuesto participativo nacional de Portugal.

El libro presenta un análisis tanto de las dinámicas globales como de experiencias locales de África, América Latina, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía; y ejercicios temáticos de presupuesto participativo con jóvenes y en colegios. El capítulo sobre Colombia presenta información sobre el marco normativo y de política pública en la materia, acerca de experiencias relevantes y de la situación actual en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

This book represents the effort of more than forty authors and many other direct and indirect collaborators that, spread throughout different continents, aim to provide a wide vision of Participatory Budgets around the World.
The pages of this piece are an invitation to a fascinating journey along the paths of democratic innovation in diverse cultural, political, social and administrative contexts. From North America to Asia, Oceania to Europe, Latin America to Africa, the reader will find many reasons to believe that other forms of democracy are possible.
“Hope for Democracy” catches and reflects a state of mind that is searching for new solutions, the constant quest for action and transformation which encompasses the unconformity of many people and organizations from around the world.
The representative democratic system crisis is something that is common to all continents and countries depicted in the book. That being the departure point, the different authors seek to show how Participatory Budgets have been causing changes in the manner of exercising democratic power, in public administration transformation, in building stronger and more organized civil societies, in fighting territorial and social asymmetries.
 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó el proyecto de reforma de la Ley 152 de 1994, en el marco del procedimiento legislativo especial para la implementación normativa del Acuerdo Final. Los aportes para la reforma de le Ley 152 de 1994 que se presentan a continuación fueron elaborados por Sisma Mujer/Grupo de Trabajo Género en la Paz, GPaz, Foro Nacional por Colombia y la Corporación Viva la Ciudadanía, que hacemos parte del Grupo de incidencia en políticas públicas para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conformado por 17 organizaciones de la sociedad civil, con amplia trayectoria en la promoción de la cultura democrática, los derechos humanos y la construcción de paz.

Los defensores de la democracia deliberativa han respaldado concepciones participativas de la democracia y han hecho hincapié en la inclusión política, la discusión pública, el razonamiento y el juicio político. Sin embargo, uno de los principales retos de las teorías deliberativas es el desarrollo de un diseño institucional viable. En otras palabras, ¿por qué, cómo y dónde debemos participar? Dadas las nuevas experiencias y desarrollos teóricos planteados por los modelos deliberativos existe una excelente coyuntura para proceder a una reevaluación del conjunto de los problemas planteados por el self-government y la participación política. Esto pasa necesariamente por un reconocimiento explícito de los desafíos que se enfrentan y de los límites de estas propuestas; en concreto, se hace urgente discutir: a) los requisitos político-institucionales que deben cumplir los procedimientos deliberativos y b) aclarar la delimitación normativa que la deliberación debe mantener con los elementos propios de nuestros gobiernos.

Este artículo presenta una reflexión sobre modelos de ciudad, planificación urbana y prácticas ciudadanas a través del estudio de caso de las transformaciones arquitectónicas y urbanas dadas en Medellín desde las últimas administraciones (2004-2007; 2008-2011) y, más específicamente, aquellas que han tenido lugar en el barrio Santo Domingo Savio, en la comuna uno de la zona nororiental de Medellín en relación con el proyecto del Parque Biblioteca España. El urbanismo social, bandera de estas administraciones, ha promovido procesos de transformación arquitectónica y social en búsqueda de la inclusión de sectores históricamente marginados; que conjuga diversas relaciones de confrontación y genera una integración social que no se aleja de la imagen marginal, sino que genera espacios políticos y de representación donde pese a las transformaciones, la marginalidad de estos lugares persiste como marco histórico e interpretativo que permite hacer “legible” para la alcaldía y para la ciudad este territorio.

El presente trabajo se pregunta cómo comprender los procesos de decisión y deliberación ciudadana en las formas contemporáneas de participación, enfocándose en el Presupuesto Participativo en Argentina, y defendiendo la tesis de que no es posible asegurar sin matices que los ciudadanos deliberan y deciden en estas instancias. La estrategia analítica apunta a integrar los avances de los estudios sobre la decisión colectiva y la deliberación al análisis de las prácticas concretas de actividad ciudadana, mediante una investigación cualitativa consistente sobre todo en entrevistas y observaciones participantes de las asambleas del Presupuesto Participativo. La conclusión es que los intercambios más significativos, entre los ciudadanos y las autoridades locales, no responden a los modelos deliberativos, sino que se dan bajo la forma de la pareja “testimonio-escucha”, y que la regla más frecuente para la toma de decisiones es la del “consenso aparente”, en el marco de situaciones en las que las desigualdades de influencia aparecen como legítimas. La originalidad de este enfoque reside en la combinación de desarrollos teóricos recientes con la observación de experiencias empíricas.

Si bien el tema de la participación ciudadana se ha convertido en un objetivo normativamente importante desde la Constitución del 91, a nivel real su práctica efectiva ha estado por debajo de las expectativas; en particular el mecanismo más fuertemente definido en ella: la Planeación Participativa. Con la intención de fortalecerla y remover muchos obstáculos jurídicos se expidió la ley 1757 del 2015. Se espera que esta ayude al crecimiento y utilización de los mecanismos de participación, aunque en su formulación se excluyó el rediseño jurídico de la Planeación Participativa que requiere una revisión de la Ley orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994).

Este proyecto de “Observación de la Planeación Participativa Municipal” tiene el propósito de establecer una línea de base sobre cómo se desenvuelve el proceso de Planeación Participativa Municipal en los municipios con alta o muy alta incidencia del conflicto armado.

La Fundación Konrad Adenauer en Colombia presenta la publicación “Descentralización en-clave de paz” de la serie Rutas para la Paz, que explica por qué la descentralización es la clave de la consolidación de la paz en Colombia y propone recomendaciones para la gobernabilidad territorial en un eventual escenario de postconflicto.

Este estudio, realizado en cooperación con la Red de iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial –RINDE-, tiene como propósito avanzar en la consolidación de propuestas que permitan la consolidación de la paz en las regiones. Además, establece puntos concretos acerca de los principales retos que enfrentará el país para hacer la transición hacia la paz, desde un enfoque territorial y de descentralización. Esta es una mirada –desde distintos enfoques– acerca de los cambios y medidas necesarias para consolidar la descentralización en-clave de paz y la paz en-clave de descentralización.

La publicación está compuesta por cinco capítulos que engloban temas diversos: la institucionalidad territorial y las necesidades de fortalecimiento departamental y municipal; los dilemas del desarrollo territorial con énfasis en lo rural y las industrias extractivas; y los mecanismos de participación ciudadana de cara a la transición hacia la paz. Finalmente, se encuentra un capítulo que recoge las conclusiones generales y recomendaciones para los interesados en la materia.

El posconflicto constituye una oportunidad de oro para saldar la deuda de la participación ciudadana en el país. Con cerca de 70 ejercicios específicos para que la ciudadanía se involucre en la implementación de lo pactado, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC retoma la agenda de profundización de la democracia participativa en los territorios y la intención de legitimación del Estado que le es inherente.

El desafío está servido y, frente a él, surge una duda natural: ¿Qué debemos hacer para que la participación ciudadana derivada del Acuerdo de Paz no repita los errores del pasado?

Desde el año 2014, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha venido adelantando distintos proyectos sobre participación en el posconflicto que ayudan a contestar esta pregunta. El informe "Participación ciudadana en el posconflicto: Recomendaciones para saldar una deuda histórica", hace una lectura del Acuerdo en clave de participación ciudadana y presenta recomendaciones: nueve orientaciones para la política pública sobre participación ciudadana y diez pasos para poner en marcha ejercicios participativos.

Las nueve recomendaciones, que van acompañadas de una información ilustrativa que es útil para comprender su importancia o de un ejemplo sobre cómo ponerla en práctica, incluyen: Pensar la ruralidad, incorporar reflexiones previas, reconocer el entramado social y comunitario, aceptar distintas visiones sobre el desarrollo rural, impulsar una economía de espacios y ejercicios, mejorar la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno, ir más allá del Plan, uso de nuevas tecnologías y garantías de seguridad.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AF) propone diferentes instrumentos de planeación del territorio cuya relación con los actuales dispositivos de planeación, definidos en su mayoría mediante la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, aún no ha sido completamente desarrollada.

Hay al menos tres niveles en los cuales la planeación participativa aparece en el AF: como disposiciones específicas para la formulación e implementación de una política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa (numeral 2.2.6.); como enfoque para el diseño y puesta en marcha de dispositivos de paz territorial como los Planes de Acción para la Transformación Regional, Programas de Desarrollo Especial con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo, además del componente participativo de los Planes para la Reforma Rural Integral; y como entrada para la construcción de paz territorial. En este artículo se presentan algunas propuestas en relación con estos asuntos.

Research and evaluation is an integral part of the Participatory Budgeting (PB) process. Since PB in New York City (PBNYC) is designed to be a democratic and community-based initiative that is grounded in the values of equity and inclusion, it is important that the research and evaluation methods used to study the process and its participants adhere to the same principles. For the past five years, a team of community-based researchers, academics, and PB participants have designed research questions and instruments, implemented data collection, analyzed and shared data with PB participants and practitioners, and issued reports to the wider public. Like PB, the research design is rooted in the communities where PB is operating. The research is not intended to sit on a shelf but is actively used by participants and practitioners to help reflect on the process, improve deliberation in decision-making, and strengthen the process and outcomes of PB. This article will discuss Participatory Action Research principles used by the Community Development Project of the Urban Justice Center, explore the applicability of these principles to the Participatory Budgeting research context, and explain how these practices have helped to deepen and improve the process and outcomes of PBNYC.

Critical Race Theory (CRT) researchers maintain that mainstream liberal discourses of neutrality and colorblindness inherently reify existing patterns of inequality, and that privileging the voices of people of color and the marginalized is essential to addressing issues of equity and equality. Participatory budgeting (PB) aims, too, to include the voices of the marginalized in substantive policy-making. Through a CRT lens, I examine the ways in which the New York City PB process has thus far worked to simultaneously disrupt and maintain racial hierarchies. I pay particular attention to how social constructions of the “good project” shape the discourses around community priorities and winning projects—especially in the areas of security/policing and education. While the New York PB process has successfully reached out to and effectively enfranchised traditionally marginalized constituents, including communities of color, its current focus on districts and the voting phase, alongside limited work on critical praxis, limits the extent to which these newly enfranchised constituents can problematize larger funding formulas and criteria in public budgets.

Within five years of its launch, Participatory Budgeting in New York City spread from four to thirty-one of New York’s fifty-one council districts, enabling city residents to directly allocate thirtyeight million dollars in public funds. During this period, PBNYC’s neighborhood-level forums remained largely unchanged, but, in order to sustain growth, administrative shifts altered the institution’s basic design. This article examines how and why this transition affected the degree of popular control afforded by PBNYC, specifically within its cross-district Steering Committee. Analysis of original interviews and organizational documents indicates that the transition brought important, if modest, gains but impeded aspects of community empowerment through bureaucratic resistance and imbalanced governmental-civil society roles. Key players responded by reforming PBNYC’s internal governance. This case sheds light on the factors that shape participatory institutions and their impacts, emphasizing the dynamic interactions between actors and the resulting gains and losses that aggregate toward longer term outcomes.

Legitimacy is a problem of contemporary governance. Communities lack trust in elected officials—in their effectiveness, fairness, and representation of the public interest. Participatory budgeting (PB)—a set of democratic processes where residents determine how to spend a public budget—helps bridge that distance by letting the public make spending decisions. Since 2011, some of New York City’s (NYC) council members have been implementing PB with their capital budget—setting aside a million dollars in their districts each budget cycle for PB. Participatory budgeting has the potential to rebuild relationships between government and communities. Using data from over eighty interviews conducted by New York University (NYU) graduate students in 2013 and 2014 with PBNYC participants over two years, this article suggests that in council districts using PB, residents have greater feelings of access to and voice in local government, and better understanding of the complexities of spending public monies, often leading to a more positive view of government officials, and bolstering legitimacy of local government.

Participatory Budgeting (PB) is a welcome experiment in participatory democracy in New York City (NYC), one that could produce greater civic engagement of traditionally marginalized groups and more equitable resource distribution. By engaging immigrants, PB aims to affirm and elevate their voices, help develop their civic capacities, and promote their political participation and community empowerment. During the past four years, participation by immigrants (foreign-born residents) in New York City’s PB process (PBNYC) has steadily increased, growing from nineteen to twenty-eight percent of all PB voters. Yet, immigrant participation lags compared to their numbers, with great variation among PB districts. Using a mixed methods approach that incorporates surveys of and interviews with immigrant community members, staff at immigrant serving community-based organizations, and City Council staff, this article aims to parse out the logistical and affective barriers to participation immigrants face in PB districts and how PBNYC’s design attempts to circumvent said barriers and facilitate participation. Ultimately, our study reveals a complex mix of promising practices and structural constraints involved in working toward PB’s “inclusive” and “equitable” aims.

Because of its popularity, there is now a large literature examining how participatory budgeting (PB) deepens participation by the poor and redistributes resources. Closer examinations of recent cases of PB can help us to better understand the political configurations in which these new participatory democratic spaces are embedded, and articulate the conditions that might lead to more meaningful outcomes. Who participates? For whose benefit? The articles in this symposium, on participatory budgeting in New York City (PBNYC), highlight both strengths and challenges of the largest American PB process. They focus less on redistribution, more on the dimensions of the process itself and of PBNYC’s successful social inclusion, new dynamics between participants and local politicians, and the subtleties of institutionalization. The symposium also reminds us, however, that contestations over meaningful participation are on-going, and that of all of PBNYC’s multiple goals, equity has proven to be the most elusive.

Presentación sobre la relación entre los diseños metodológicos de presupuesto participativo y los cambios en las formas de gobierno sustentada en el simposio "Presupuesto Participativo y Metodologías Participativas", en el marco de la Conferencia Participación y democratización del Conocimiento: Nuevas Convergencias para la Reconciliación.

Este estudio pretende ser un balance que describe e interpreta lo que ha sucedido en la última década en torno a la participación ciudadana en la gestión municipal.

Desde unos años, la idea de democracia participativa a crecido mucho en Europa. Este movimiento contempla varios países, con discusiones bastante similares, lo que se puede interpretar como una de las manifestaciones de la unificación europea

The Politics of Democratic Decentralization in Kerala, South Africa, and Porto Alegre
 

Este texto es el resultado de la investigación “Discursos y prácticas del vivir bien y del desarrollo en procesos de planeación participativa de Medellín”

Este artículo presenta los aspectos centrales de la evaluación del Presupuesto Participativo realizada entre los años 2005-2006 en Medellín (Colombia), para la vigencia fiscal del 2005. Mediante la consulta a diversos estamentos de la sociedad política, civil y administrativa de la ciudad, se logró hacer un balance de la gobernabilidad democrática y la participación, la planeación y el desarrollo local, y la gestión pública, sintetizados en tres niveles: el operativo-funcional, el metodológico-normativo y el estratégico-político.

El sentido de la democracia, en los imaginarios sociales de los líderes comunitarios que participaron en el proceso de presupuesto participativo de Risaralda
 

Colombia enfrenta uno de los retos más grandes de su historia económica, social y política reciente: la construcción de una paz duradera, incluyente, basada en principios de convivencia, justicia social y participación democrática. No es una tarea fácil si se tiene en cuenta la larga historia de solución no pacífica de los conflictos que ha vivido el país, lo que representa para los colombianos y las colombianas, sin excepción, poner mucho de sí para desarmar los espíritus y trabajar mancomunadamente en pos de objetivos de reconstrucción del país y de bienestar para todos y todas. Es este un desafío de gran envergadura para la sociedad, incluido el sector privado, pero también para el Estado y sus instituciones. Estas tendrán que cambiar parcial o totalmente su estructura actual, adoptar nuevos imaginarios políticos, interiorizar una nueva cultura organizacional y modificar sustancialmente actitudes que hasta hoy han sido contrarias al diálogo y la interacción con la sociedad. Uno de los aspectos a los cuales la institucionalidad estatal tendrá que poner mayor atención es el de la consolidación de la democracia participativa como escenario para la construcción de la paz. La Constitución de 1991 definió el contorno de ese nuevo régimen político, en el que la participación ciudadana funge como complemento necesario de los esquemas de representación política, para lo cual la Carta Política establece un conjunto de principios y condiciones que garantizan a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a participar en las decisiones públicas.

Presupuestos participativos y democracia local : una comparación entre las experiencias brasileñas y españolas.

Balance, impacto y recomendaciones a los procesos de Presupuesto Participativo y Formación Ciudadana implementados por la Secretaría de Participación de la Alcaldía de Medellín.
 

La planeación y los presupuestos participativos serán fundamentales para la construcción colectiva, mediante relaciones reticulares de gobernanza, y la identificación de las necesidades y apuestas de desarrollo en cada territorio. En este momento se abre una valiosa oportunidad para que el proceso de la participación sea continuo y amplio en el país, se discutan con las comunidades las acciones y programas de los Planes Municipales de Desarrollo y la programación y priorización de la inversión anual, para avanzar en la plena garantía de los derechos. Además, será clave para generar/estrechar vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanas y ciudadanos, requisito esencial para el mantenimiento de territorios en convivencia pacífica.